La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes celebró el viernes 16 de mayo una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 269 (P. de la C. 269), que propone crear la "Zona de Planificación Especial Turística de las casetas y muelles sobre el agua y terrenos de dominio público de La Parguera" y un régimen de concesiones y cobro de cánones para estructuras existentes en la zona marítimo terrestre.

La directora de la oficina de asuntos legales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Brendalis González Méndez, dijo que “La Parguera es una joya natural de nuestra isla” y defendió la medida como una respuesta a la “incertidumbre jurídica” creada por construcciones que datan de décadas y que, según su exposición, no venían sujetas al pago de cánones. González Méndez explicó que el proyecto fija obligaciones ambientales, prohíbe ampliaciones y reconstrucciones sustanciales y contempla la revocación de licencias cuando haya incumplimiento.

Por qué importa: El proyecto busca regularizar la ocupación histórica de terrenos de dominio público en La Parguera mediante licencias o concesiones (con términos propuestos de hasta 40 años renovables), exigir certificaciones técnicas de la huella de las estructuras, establecer cánones por uso de la superficie y destinar al menos 50% de esos fondos a mejoras de la reserva natural y la comunidad local. Los ponentes coincidieron en la necesidad de delimitar con precisión el área a la que aplicaría la ley y de coordinar instrumentos de planificación entre DRNA, la Junta de Planificación y los municipios afectados.

Detalles clave y debate
- Marco legal y alcance: La ponencia del DRNA citó la Ley Núm. 23 del 20 de junio de 1972 (Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales) y la Ley Núm. 4-2016 (política pública ambiental). La Junta de Planificación recordó la Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975 (Ley Orgánica de la Junta de Planificación) y recomendó que la delimitación de la zona quede claramente definida en la medida para evitar solapamientos con reservas, planes de manejo y planes de ordenación territorial municipales.

- Requisitos técnicos y plazos: El proyecto exige que, dentro de los 60 días de entrada en vigor, los ocupantes presenten al DRNA una certificación jurada de un ingeniero o agrimensor licenciado que precise la huella de la estructura (con una precisión citada en la ponencia de “no más de una pulgada / 25.4 mm”). El DRNA ya emitió una orden administrativa que inició el envío de notificaciones en abril; la agencia señaló que las cartas comenzaron a enviarse el 11 de abril y que, según distintos puntos de la sesión, remitió entre 122 y 147 comunicaciones al área (la sesión registró ambas cifras en la discusión; la comisión pidió aclaración y documentación).

- Censo e inventario: El inventario oficial más citado en la audiencia es del 2013 y consignó 147 estructuras en la zona costera; el DRNA señaló que ese inventario requiere actualización y que la orden administrativa busca generar datos actualizados a partir de las certificaciones técnicas que presenten los ocupantes. El DRNA informó recepciones parciales: 40 cartas devueltas (no entregadas) y 51 tarjetas de acuse de recibo registradas, y se comprometió a remitir a la comisión un desglose actualizado en los plazos solicitados.

- Cánones y criterios: La ponencia técnica explicó que el reglamento vigente (Reglamento 48-60 y sus enmiendas) usa un criterio de tasación por metro cuadrado refrendado por el CRIM y aplica un canon base del 8% sobre el valor; el proyecto propone cánones superiores en un margen de 5% a 10% por encima de lo que actualmente se cobra a marinas, y la administración reglamentaria definiría los criterios para fijar un porcentaje concreto dentro de ese rango.

- Plazo de las concesiones: La orden administrativa vigente estableció concesiones de 5 años (con facultad regulatoria), mientras que el proyecto en discusión propone términos de 40 años renovables. El DRNA explicó que la ley prevalece sobre una orden administrativa y apuntó a la sección reglamentaria que permite extender plazos en determinadas circunstancias.

- Protección ambiental y obligaciones: El proyecto limita nueva construcción y ampliaciones, condiciona la permanencia al cumplimiento de normas sanitarias y ambientales (incluyendo certificaciones de plomeros para sistemas sanitarios) y reserva la facultad estatal de revocar concesiones y ordenar remociones. El Departamento de Justicia indicó que, tras revisar la medida, no identificó impedimento constitucional para su aprobación y resaltó el mandato constitucional de conservación y aprovechamiento (Art. 6, sección 19).

Puntos de seguimiento y solicitudes de la comisión
- El presidente de la comisión y varios representantes solicitaron al DRNA el inventario actualizado (incluyendo el inventario de 2013), el listado de cartas enviadas y un informe sobre las intervenciones del cuerpo de vigilantes en el último año (querellas y acciones administrativas). El DRNA se comprometió a remitir documentación y a coordinar entregas en plazos definidos por la comisión.

- La Junta de Planificación pidió que la delimitación de la zona quede claramente especificada en el texto legal y recomendó que los municipios de Lajas, Cabo Rojo y Guánica coordinen la enmienda de sus planes de ordenación territorial en un plazo (sugerido por los técnicos) no mayor a un año.

Opiniones y preocupaciones expresadas
- Diputados y representantes manifestaron preocupación por la posibilidad de “legalizar” ocupaciones que, según críticos, podrían haber contribuido por décadas a impactos ambientales locales. La comisionada del Partido Independentista expresó oposición a la medida en esos términos; a la vez, ponentes del DRNA y de Justicia defendieron que la iniciativa crea un marco regulado que permite fiscalización, reducción de la contaminación y destino de fondos a la conservación.

Lo que sigue
- La comisión informó que citará, en vistas posteriores, al alcalde de Lajas, a la asociación de comerciantes local y a grupos ambientales para recabar aportes de sectores locales y ambientales. El DRNA y la Junta de Planificación quedaron en entregar inventarios, registros de notificaciones y otros documentos solicitados por la comisión.

La vista concluyó a las 11:29 a.m.; no hubo votación ni decisión final sobre el proyecto durante la sesión.