Los funcionarios de la ciudad de Los Ángeles se enfrentan a un creciente clamor por la preservación de los servicios esenciales tras las recientes audiencias presupuestarias. Durante la reunión del 25 de abril de 2025, varios empleados de la ciudad expresaron su preocupación por los recortes propuestos que amenazan tanto sus empleos como la calidad de los servicios que brindan a la comunidad.

Lourdes Paper, miembro del ASMI Local Taraneight y trabajadora del departamento de policía, subrayó la importancia de mantener el personal no jurado que apoya a los oficiales en su labor de servir y proteger al público. Paper advirtió que la reducción de personal podría comprometer la eficacia del departamento, sugiriendo que se revisen las estructuras de empleo para eliminar redundancias.

Manny de la Cruz, representante de Hope the Mission, destacó el éxito de su programa de jornaleros, que ha ayudado a más de 1,000 trabajadores y conectado a 30,000 personas con empleos. Sin embargo, expresó su frustración ante la propuesta de eliminar por completo el presupuesto de su programa, calificándolo de abandono hacia aquellos que dependen de estos servicios.

Jan Abi, mecánico del departamento de bomberos, criticó los planes de la alcaldía de destinar fondos a alojar a personas sin hogar en hoteles, mientras se recortan empleos esenciales. Abi instó a los funcionarios a reconsiderar sus prioridades presupuestarias, sugiriendo que los recortes deberían aplicarse a niveles más altos de la administración.

Becerra López, trabajador de servicios comunitarios, enfatizó la importancia de su labor en la creación de oportunidades para aquellos con permisos de trabajo, mientras que Ari Vana, directora de comunicaciones en CAMP, compartió una historia conmovedora sobre un perro rescatado gracias a los fondos de la ciudad, instando a mantener los servicios que benefician tanto a animales como a personas.

La reunión dejó claro que los recortes presupuestarios propuestos generan una fuerte oposición entre los empleados de la ciudad, quienes argumentan que la reducción de personal y servicios esenciales podría tener un impacto negativo en la comunidad. A medida que se avanza en el proceso presupuestario, la presión para reconsiderar estas decisiones se intensifica, reflejando la necesidad de un enfoque equilibrado que priorice tanto la eficiencia fiscal como el bienestar de los ciudadanos de Los Ángeles.